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Evita pérdidas por colegiaturas no pagadas

El ciclo escolar 2019-2020 será recordado como un ciclo particularmente difícil. Una de las tantas dificultades que nos compartieron fue el cobro efectivo de las colegiaturas al punto que algunos padres se negaron a pagar ante el cierre anticipado del ciclo o debido a adeudos acumulados desde meses previos.

Esto no debería ocurrir en ningún plantel si se contara con procedimientos adecuados y es por ello que, como especialistas en derecho educativo, hoy queremos compartirte algunos aspectos que son de gran importancia para sistematizar tus procesos de cobranza y evitar pérdidas por colegiaturas no pagadas.

  • Asigna un responsable de cobros que no solo identifique oportunamente los retrasos, sino que además sea capaz de calcular los riesgos, especialmente en los periodos cercanos al cierre del ciclo escolar y evitar que los deudores obtengan el servicio y las evaluaciones sin haber cubierto sus obligaciones.
  • Tu personal administrativo y directivo debe conocer a detalle cómo y cuándo actuar ante estos incidentes. Esto debe encontrarse en tus manuales de procedimientos y no actuar improvisadamente.
  • Tus procesos de cobranza deben incluir todos los medios a tu alcance: desde los comunicados escritos hasta los medios electrónicos o telefónicos, debes uniformar y optimizar tus estrategias para evitar pérdidas de tiempo y de dinero.
  • La normatividad y los procesos de tu plantel deben estar alineados entre sí. Esto ayudará a establecer una base para hacer los requerimientos a los padres, o determinar la suspensión de evaluaciones teniendo como base documentos fundamentales que de inicio debes hacer de pleno conocimiento de los padres: desde tu contrato de prestación de servicios hasta tus requerimientos de pago y los avisos de suspensión. Deben ser claros y apegados a las normas de la SEP y de Protección al Consumidor sin que ello implique una pérdida del patrimonio del colegio.

Nosotros te ayudamos a través de nuestros servicios complementarios: el protocolo de cobranza de tu colegio (te damos el know how para que lo integres a tus procesos) y si ya tienes el problema presente, nos encargamos de la negociación y garantía de pago con tus deudores. Conoce lo que podemos ofrecerte haciendo click aquí.

 

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No dudes en contactarnos y déjalo en nuestras manos.

 

 

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Bienes de las escuelas privadas: ¿Nuevo patrimonio estatal?

Se esparce la noticia entre las escuelas privadas sobre la Ley de Educación del Estado de Puebla. Se habla de un control de colegios privados, de un espíritu intervencionista, de la apropiación estatal de los bienes propiedad del sector privado, y de la posible promoción de un juicio de amparo. Desglosaré algunos aspectos.

 En primer lugar, debe observarse que el caso de Puebla corresponde a un proceso de armonización legislativa. Esto significa que, dada la promulgación de la nueva Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre de 2019, se generarán acciones legislativas similares, por lo que debemos esperar una respuesta semejante en el resto de las leyes educativas de las entidades federativas para ajustarse a la Ley General de Educación y al concepto de “Sistema Educativo Nacional”. Ahora bien, bajo el entendido de la armonía legislativa en el orden federal y local, me centraré en la legislación federal en las líneas siguientes.

Para explicar lo que significa la incorporación de bienes muebles e inmuebles, servicios e instalaciones de los particulares  al Sistema Educativo Nacional debemos detenernos en el concepto de “Sistema Educativo Nacional” (SEN):

Este concepto se encuentra en la Ley General de Educación que establece que es:

“…el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.”

Es decir, el SEN es la forma legal  por medio de la cual el Estado se coordina y ejerce su función rectora en el servicio educativo. Es una forma de funcionamiento, ejecución y vigilancia presidida por el Secretario de Educación Pública que engloba 14 elementos que no son solo personas o bienes. La lista se encuentra en el artículo 34 de la Ley General de Educación e incluye a:

  1. Los educandos;
  2. Las maestras y los maestros;
  3. Las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones;
  4. Las autoridades educativas;
  5. Las autoridades escolares;
  6. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación;
  7. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados y demás sistemas y subsistemas estatales establecidos en la Constitución;
  8. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
  9. Las instituciones autónomas de educación superior;
  10. Los planes y programas de estudio;
  11. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la educación;
  12. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes;
  13. Los Comités Escolares de Administración Participativa, y
  14. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación.

Es decir, el hecho de que un actor, un bien o un órgano colegiado pertenezca al SEN, no significa que exista una relación de propiedad sobre las personas o las cosas (o en el caso controvertido, las instituciones educativas privadas). Simplemente alude a la amplísima organización estatal que se requiere para prestar el servicio de la educación. Reitero, el hecho de que se consideren a los bienes muebles e inmuebles, servicios o instalaciones de escuelas privadas NO significa que serán ahora propiedad estatal.

Lo que sí evidencia dicha incorporación, en conjunto con la legislación emitida a la fecha, es una mayor incidencia estatal en términos de supervisión y rendición de cuentas que antes no se encontraba incluida en la regulación educativa. Sin duda, es patente un esfuerzo regulatorio y se esperan muchos más cambios que se verán en las esperadas normas secundarias.

 

¿Existirá mayor vigilancia de la SEP hacia las escuelas privadas? Por supuesto.

Sin embargo, en lo que toca al punto de la incorporación de bienes, esto no implica en automático una violación constitucional que deba combatirse mediante el juicio de amparo. Será la Corte quien determine si la ley de Puebla constituye una norma que causa agravio con su sola entrada en vigor. Desde mi opinión legal, no será así y podría darse un sobreseimiento por improcedencia si las escuelas deciden promover un amparo desde ahora.

No se trata de caer en paranoia y en sensacionalismo. Se trata de mantenerse alerta una vez que se emitan las normas secundarias que completarán el rompecabezas legal (que se asoma con deficiencias desde ahora) generado por la nueva Ley General de Educación: llámense acuerdos secretariales, lineamientos, decretos y otras normas generales centradas en las facultades concretas que la SEP tendrá sobre los bienes propiedad de los colegios privados.

 

Que  no se pierda de vista:

La línea de supervisión sobre escuelas particulares ya existía previamente, pero ha tomado más fuerza con la nueva ley. Esto es un hecho. Y este impulso adquirirá más fuerza. Por ende, se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones normativas, ya que es patente una mayor intervención del Estado en la actividad económica y educativa de las escuelas particulares, como ocurrirá en algunos aspectos como los siguientes:

  • Las supervisiones escolares;
  • Becas;
  • Colegiaturas;
  • Nuevas facultades de la SEP y las Secretarías Estatales;
  • La comercialización de determinados bienes y servicios;
  • Los refrendos de RVOE para la educación media superior y superior;
  • La imposición de medidas correctivas y precautorias.

 

Aunque no es el objetivo de este texto, lo pongo sobre la mesa: existen inconsistencias e incoherencias normativas en estos aspectos. Por ello, el análisis y la información deberán reforzarse, pues la avalancha normativa que desde hace meses comenzó, no va a detenerse.

 

Liliana Carrasco Juárez

Consultora jurídica en “Legal Educación”, firma especializada en derecho educativo y en instituciones de educación básica.

Twitter: @hickza

 

Nota: este artículo fue también publicado en «Educación Futura. Periodismo de Interés Público«

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Pago de colegiaturas: algunos aspectos legales en esta contingencia

¿Qué pasará con el pago de colegiaturas ante la contingencia sanitaria?*

 Como parte de las acciones extraordinarias ordenadas en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo, se ordenó el cierre temporal de los planteles educativos. Ante las consecuencias económicas que ya se asoman, comienzan las tensiones entre los padres de familia y los planteles privados sobre los pagos de colegiaturas.

Independientemente, el 01 de abril, PROFECO emitió un comunicado en el señala que las colegiaturas sí deben pagarse ante la suspensión de clases y dada la contingencia sanitaria las escuelas podrán flexibilizar y llegar a acuerdos. Algunas opciones son las siguientes:

  • Ampliar o posponer los plazos de las fechas de pago.
  • Parcializar los pagos y atenuar el impacto.
  • Otorgar la posibilidad de pagos a meses sin intereses.
  • Reducir los montos de colegiaturas, considerando que algunos gastos en consumibles se han aminorado, como ocurre con la luz, el agua, la preparación de alimentos, papelería, etcétera.
  • Desarrollar cualquier otra modalidad que sea conveniente para ambas partes, como reducción en servicios al regresar a las actividades, eficientar recursos o reducir gastos.

Estos apoyos no necesariamente deben beneficiar a todos los padres en el plantel. Para ello, podrá recurrirse a las circunstancias específicas de cada familia y considerar las afectaciones sufridas en cada caso concreto.

  • Es conveniente detenernos en los siguientes aspectos:Legalmente, nos encontramos frente a un caso de fuerza mayor, que responde a una circunstancia que no se pudo prever o evitar. Es decir, las escuelas no decidieron su cierre ni son responsables por ello. Así, no están obligadas a eximir a los padres de las obligaciones de pago a la vez que tampoco están exentas de cumplir con sus obligaciones contraídas con terceros y en consecuencia deberán seguir pagando conceptos como salarios, cuotas patronales, rentas, impuestos, proveedores de internet, de luz, agua, plataformas electrónicas, mantenimiento, vigilancia, seguros, entre otros más. Debe recordarse que el cierre no es absoluto: el personal escolar continúa trabajando remotamente, revisando y retroalimentando el trabajo de los estudiantes.
  • En el ámbito de la educación privada, se establece una relación jurídica mediante un contrato de prestación de servicios educativos, lo que entraña obligaciones y derechos para ambas partes. Y los contratos siempre podrán ser modificados, especialmente en casos en los que se den cambios en las circunstancias en los que fueron celebrados.
  • Es erróneo pensar que la prestación de servicios educativos privados se rige exclusivamente por el derecho civil de los contratos, sino que existe una relación en la que el estado mexicano puede intervenir al tratarse de un servicio público y de un derecho humano, lo que significa que, de generarse situaciones ilegales que afecten a los estudiantes al requerir pagos vencidos sin garantizar debidamente y en primera instancia su derecho a la educación, la SEP podría evaluar la existencia de alguna infracción a la Ley General de Educación.
  • De forma separada, al darse posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor o a las bases vigentes para la comercialización de servicios educativos, PROFECO podría investigar y en su caso aplicar las sanciones a los planteles.

Debemos mantenernos atentos a cualquier aviso o acuerdo oficial que se emita en las próximas semanas, ya que cabe la posibilidad de que se suspendan o limiten algunos de los medios con los que legalmente cuentan los colegios para el requerimiento de pagos vencidos, sin que debamos olvidar que nos encontramos ante una epidemia que pone a todos en riesgo económico, incluyendo a los actores del sector educativo privado (padres, trabajadores y escuelas), por lo que la solidaridad y la conciliación será un factor fundamental.

* Este artículo fue tambiébn publicado en Educación Futura.

Si necesitas asesoría en el desarrollo de tus planes de apoyo económico, revisión de tus formularios o comunicados, no dudes en consultarnos. Somos especialistas en la prevención y solución de conflictos con padres de familia.

Por: Mtra. Liliana Carrasco

Especialista en Derecho Educativo

Contacto: L.carrasco@legaleducacion.com

 

 

 

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